La norma también limita la venta de alcohol en los espacios públicos, salvo que exista la correspondiente autorización o licencia municipal. El proyecto, que deberá ser aprobado por el Pleno, se someterá a consulta pública y los grupos podrán presentar votos particulares. La voluntad del gobierno es reducir lo máximo posible los plazos de tramitación.
El Gobierno de Zaragoza ha aprobado esta mañana someter a consulta pública previa el “Proyecto de Ordenanza Reguladora del consumo indebido de bebidas alcohólicas, fomento de la convivencia y prevención de actuaciones antisociales” que, una vez aprobada por el Pleno, prohibirá la celebración de “botellones” en la capital aragonesa y la venta de alcohol en los espacios públicos. Se inicia así la tramitación administrativa de una propuesta que clarifica la normativa actual respecto al consumo de alcohol en calles, parques, plazas o riberas de la ciudad y establece un régimen sancionador ante posibles infracciones. También incide especialmente en la información, orientación y formación que debe recibir la población joven para prevenir el consumo abusivo de alcohol y los problemas derivados de ello.
La nueva ordenanza pretende avanzar en los objetivos de la Estrategia Nacional sobre Adicciones (2017-2024), que alerta sobre los riesgos que entraña la normalización del consumo de alcohol entre la población joven, así como su aumento en este colectivo. De hecho, los datos estadísticos reflejan que la edad media de inicio en el consumo de alcohol se encuentra en 13 años o que más del 30% de los menores de 16 años consideran que no es una droga. En este sentido, el fenómeno del “botellón” y del consumo grupal de alcohol en la vía pública se ha convertido en una de las principales preocupaciones de salud pública, situación agravada en la actualidad por la crisis sanitaria del coronavirus.
El proyecto normativo se fundamenta en la Ley 3/2001, de 4 de abril, de prevención asistencia y reinserción social en materia de drogodependencias de Aragón que dispone que “las corporaciones locales establecerán en sus correspondientes ordenanzas municipales los criterios que regulen la localización, distancia y características que deberán reunir los establecimientos de venta y suministro de bebidas alcohólicas, así como su venta y consumo en la vía pública”. El texto aprobado establece como objetivos la aplicación de una política eficaz contra el consumo de alcohol entre la población más joven, la sensibilización ciudadana sobre sus riesgos sanitarios y sociales y el impulso de medidas preventivas desde los recursos municipales.
Así, se prohibirán “las reuniones o concentraciones de tres o más personas en los espacios públicos, parques, plazas, vías públicas, riberas de los ríos o cualesquiera otros ámbitos de uso público, con ingesta de bebidas alcohólicas” y se prohibirá la venta o suministro de alcohol en los espacios públicos “desde automóviles, carritos o tenderetes”, impidiendo la venta ambulante “fuera de los mercados o ferias específicamente autorizadas para ello”. En este sentido, la venta sí estará autorizada en veladores, terrazas o kioskos en los términos establecidos por la normativa municipal. Lo mismo sucederá durante las fiestas populares, cuando deberá expedirse la correspondiente licencia o autorización específica.
Clasificación de infracciones y sanciones
Las infracciones podrán ser leves, graves o muy graves, estableciéndose un régimen sancionador de 150 a 600 euros para las leves, 601 a 1.500 euros para las graves y 1.501 a 3.000 euros las muy graves. Se considerará infracción muy grave el proveer de bebidas alcohólicas a menores de edad. El consumo de alcohol en la vía pública se considerará una infracción leve, pudiéndose sustituir la sanción pencuniaria establecida por otras medidas como cursos de formación o la prestación de servicios en beneficio de la comunidad. Será infracción grave cuando el consumo se realice en zonas de juego infantil y en horarios diurnos y vespertinos hasta las 21 horas, o cuando en estos lugares y horarios, no se proceda a la recogida de los residuos generados habiendo sido requeridos para ello por los agentes de la autoridad El proyecto deberá ser aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza y los grupos políticos podrán presentar votos particulares a lo largo de la tramitación. La voluntad del Gobierno de Zaragoza es reducir al máximo los plazos para que pueda entrar en vigor lo antes posible.